Casos de pederastia deben investigarse sin que obstruya aparente “fuero clerical”, pide diputado Rafael Hernández Soriano

El maltrato físico y abuso sexual contra menores cometidos por religiosos deben ser investigados y sancionados sin anteponer lo que se asemeja a un “fuero clerical”, ya que la prioridad es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte de la Alianza Global que busca frenar la violencia ejercida hacia este sector, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

El también Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, solicitó el pasado 3 de agosto al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la atracción del caso de abusos en contra de menores perpetrados en cinco albergues de la Ciudad de los Niños, en Salamanca, Guanajuato, dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

En los casos de pederastia perpetrados por sacerdotes, no basta con que la jerarquía católica informe a sus superiores en el Vaticano, separe de sus actividades o cambie de parroquia a los agresores, “es  indispensable que estos delitos sean reportados inmediatamente y sin encubrimiento, a las autoridades mexicanas”, añadió.

“En el marco de la Alianza Global, así como de los compromisos adquiridos durante el Plan de Acción de México para erradicar la violencia contra este sector, para el caso de los albergues de la Ciudad de los Niños, en donde se tienen indicios sólidos de los tratos más degradantes a la niñez y la adolescencia, además de la presunta comisión de delitos del orden federal, solicito que la dependencia a su cargo ejerza su facultad de atracción para su investigación y sanción, y con ello se vele por la protección de nuestra infancia y adolescencia”, expuso en un oficio turnado al Procurador.

Existen cientos de casos de pederastia cometidos por sacerdotes que aún se mantienen impunes y los depredadores fueron encubiertos, removidos de parroquia o sancionados bajo las propias normas clericales, mientras las víctimas aún esperan la acción contundente de la justicia mexicana, dijo Hernández Soriano.

“Las niñas, niños y adolescentes no solamente tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, también tienen derecho a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación”, subrayó.

De  igual forma, el Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez reconoció que el Estado mexicano tiene que asumir una mayor responsabilidad para atender a una población de casi 340 mil menores en situación vulnerable.

Explicó que de mil 23 Centros de Asistencia Social, sólo 159 están a cargo del Estado y el resto en manos de personas ajenas al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, como el caso de La Ciudad de los Niños, La Gran Familia –a cargo de “Mamá Rosa” o la casa hogar Domingo Savio, sonde varias decenas de menores fueron abusados sexualmente por el sacerdote Tomás Armando Durán Martínez, entre otras.